Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a que anulen de inmediato las condenas y sentencias de muerte de tres jóvenes manifestantes que han sido sometidos a “espantosas torturas” y se les ha negado el derecho a un juicio justo.
Arshia Takdastan, de 18 años, Mehdi Mohammadifard, de 19, y Javad Rouhi, de 31, sufrieron “flagelaciones, descargas eléctricas, ser colgados cabeza abajo y amenazas de muerte a punta de pistola”, dijo el grupo de derechos humanos con sede en Londres el 27 de enero.
También supo que agentes de la Guardia Revolucionaria violaron a Mohammadifard y torturaron sexualmente a Rouhi “colocándole hielo en los testículos durante dos días”.
La apelación de los hombres está ante la Corte Suprema.
Las autoridades iraníes deben ordenar una investigación rápida, transparente e imparcial para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de la tortura de los tres jóvenes, ha dicho Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
El hecho de que los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los funcionarios de la fiscalía “sospechosos razonablemente de responsabilidad o complicidad en sus abusos sexuales y otras formas de tortura disfruten de absoluta impunidad destaca la pura crueldad e inhumanidad del sistema judicial de Irán”, dijo.
Takdastan, Mohammadifard y Rouhi recibieron dos sentencias de muerte en diciembre de 2022 por “enemistad contra Dios” y “corrupción en la tierra” por incitar a incendios o vandalismo “generalizados” durante las protestas en la ciudad norteña de Noshahr el 21 de septiembre.
Rouhi recibió una tercera sentencia de muerte por “apostasía” basada en sus “confesiones” bajo tortura de que quemó una copia del Corán durante las manifestaciones.
A los tres hombres se les negó el acceso a un abogado durante la fase de investigación y el acceso a un abogado de su elección en el juicio, que, según Amnistía, consistió en una sola audiencia que duró menos de una hora para cada uno.
“Es abominable que mientras la mayoría de los Estados del mundo han relegado la pena de muerte a la historia, las autoridades iraníes la imponen cada vez más por delitos como el incendio provocado o el vandalismo, en flagrante violación del derecho internacional”, dijo Eltahawy.
Instó a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para presionar a las autoridades iraníes para que "pongan fin a su violación del derecho a la vida" y pidió a "todos los estados que ejerzan la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes sospechosos razonablemente de responsabilidad penal por delitos de derecho internacional". y otras graves violaciones a los derechos humanos”.
Los iraníes han inundado las calles de todo el país para exigir más libertades y derechos de las mujeres, en la mayor amenaza para la República Islámica desde la revolución de 1979.
Las fuerzas de seguridad han desatado una brutal represión contra el movimiento liderado por mujeres, matando a más de 520 personas y deteniendo a más de 18.000, dicen activistas.
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